La Dirección de Pensiones del Estado de San Luis Potosí ha comenzado a colaborar estrechamente con la Fiscalía General del Estado (FGE) en el marco de una investigación que indaga un presunto desfalco al fondo estatal de pensiones. El director de la institución, Luis Arturo Coronado Puente, ha confirmado que se ha proporcionado toda la información técnica y documentación solicitada por la FGE para facilitar la creación de las correspondientes carpetas de investigación.
Coronado Puente destacó que, además de los casos que ya han sido judicializados, se están llevando a cabo nuevas indagaciones que podrían revelar más afectaciones al patrimonio del fondo de pensiones. La dirección de Pensiones ha reafirmado su compromiso de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de aquellos involucrados en las supuestas irregularidades financieras.
El funcionario enfatizó que una de las prioridades de la administración actual de Pensiones es salvaguardar los recursos destinados a los pensionados y trabajar con las autoridades para recuperar cualquier cantidad que haya sido comprometida. «Nuestra prioridad es defender el patrimonio de las y los pensionados», expresó Coronado Puente, quien también aseguró que seguirán proporcionando la información necesaria a la FGE mientras continúan los procedimientos en curso.
La dependencia ha manifestado su disposición a mantener una colaboración continua con la Fiscalía hasta que se concluyan las investigaciones y se determinen las responsabilidades de los implicados. Estas indagaciones forman parte de un conjunto más amplio relacionado con el manejo de los recursos del fondo estatal de pensiones, que ha conducido a procedimientos judiciales contra varios exfuncionarios.
Coronado Puente reiteró el objetivo de recuperar los recursos que han sido afectados y que quienes resulten responsables enfrenten las sanciones correspondientes establecidas por la ley. La Dirección de Pensiones se compromete a seguir trabajando en este proceso y a asegurar que se protejan los derechos de los beneficiarios del sistema de pensiones en el estado.
