La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, admitió que la seguridad pública en San Luis Potosí atraviesa una crisis estructural, con al menos la mitad de los ayuntamientos sin cumplir las condiciones mínimas en materia de seguridad. De acuerdo con Rocha Medina, la principal problemática radica en la falta de aplicación efectiva de los recursos destinados a la seguridad, lo que ha dejado a muchos municipios en una situación de vulnerabilidad frente a la delincuencia y la inseguridad. La legisladora potosina subrayó que la urgente atención de este tema es indispensable para garantizar la gobernabilidad y el bienestar de la población, pues la omisión de los ayuntamientos en el cumplimiento de sus responsabilidades impacta directamente en la vida cotidiana de los habitantes.
La diputada hizo un llamado enérgico a las y los alcaldes de San Luis Potosí para que asuman plenamente su responsabilidad, enfatizando que las acciones concretas en materia de seguridad no pueden seguir postergándose. Rocha Medina advirtió que la inacción de los municipios no solo pone en riesgo la integridad de la ciudadanía, sino que también debilita la estructura institucional encargada de velar por la paz pública. Además, insistió en que la seguridad debe ser una prioridad compartida y no puede depender únicamente de la voluntad política o de la disponibilidad de recursos, sino que requiere de una estrategia articulada entre los distintos niveles de gobierno.
La crisis en las corporaciones municipales de seguridad se ha agravado con la desaparición de los fondos federales destinados a este rubro, según reconoció Rocha Medina. La diputada señaló que, sin el respaldo financiero de la Federación y en ausencia de una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, los municipios potosinos enfrentan un margen de acción severamente limitado. Esta situación ha obstaculizado el fortalecimiento de las policías municipales, que ya de por sí padecen carencias en equipamiento, capacitación y personal suficiente para garantizar la vigilancia en sus demarcaciones.
El diagnóstico fue confirmado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien informó que ninguno de los municipios de San Luis Potosí cumple con el número mínimo de policías que debería tener de acuerdo con los estándares nacionales. Gallardo Cardona detalló que, por ejemplo, Villa de Arriaga, considerado el municipio mejor posicionado en materia de seguridad, apenas cuenta con 25 elementos cuando debería contar con al menos 35. En otros municipios, la situación es aún más grave, con apenas 10 policías para toda la localidad, lo que obliga a operar con solo tres elementos por turno, una cifra que el mandatario calificó como inviable para brindar seguridad a toda la población.
Ante este panorama, tanto la legisladora como el gobernador coincidieron en la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y de gestionar mayores recursos para la seguridad pública. Advirtieron que, mientras no se restablezca el apoyo federal y no se implementen mecanismos de coordinación y supervisión más estrictos, la inseguridad persistirá como un desafío central para San Luis Potosí. El llamado fue claro: urge una respuesta integral que involucre al gobierno federal, estatal y municipal, y que ponga en el centro la protección de la ciudadanía y la recuperación de la confianza en las fuerzas del orden.
